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Convocat. al Debate Nal. ACE



CONVOCAMOS



A los trabajadores de la educación, padres de familia, estudiantes, jóvenes, normalistas, investigadores e intelectuales, al sector universitario, organizaciones del movimiento popular-campesino e indígena, a las autoridades educativas estatales, a los ayuntamientos y a los legisladores del país:

AL DEBATE NACIONAL CONTRA LA ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y POR UN PLAN NACIONAL ALTERNATIVO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Esta jornada ciudadana de diálogo constructivo en defensa del derecho del pueblo de acceder a la cultura universal se sujetará a las siguientes:

BASES
I.- De los objetivos.-
Desde la más amplia participación popular, generar la más completa y profunda critica a la política educativa del régimen y, en particular, de la Alianza por la Calidad Educativa e iniciar un proceso popular y participativo de construcción del Plan Nacional Alternativo de Educación y Cultura.
Motivar, entre los afectados por esa Alianza por la Calidad Educativa, la voluntad de enfrentarla de las más diversas maneras, hasta lograr darle marcha atrás.
Articular las fuerzas dispuestas a enfrentar esta y otras políticas contra la educación pública y los derechos de los trabajadores.
Avanzar en el proceso de construcción de una respuesta integral a la ofensiva contra la educación como derecho de los mexicanos y como vía para apuntalar el desarrollo de la Patria, mediante un Plan Nacional Alternativo de Educación y Cultura.
Realizar un balance acerca de las condiciones políticas y pedagógicas en cada estado para ubicar las fortalezas y debilidades en cuanto a las posibilidades de la generalización de la participación en la resistencia.





II.- De los participantes en el debate.-

El debate es una reflexión y análisis colectivo de las distintas fuerzas sociales y populares de las entidades y el país, por lo que serán participantes junto al magisterio, con derecho a voz, todos los individuos, colectivos, organizaciones sociales, sindicatos; especialistas y trabajadores en educación y/o cultura, estudiantes, padres de familia y sectores que componen el pueblo de México quienes con su esfuerzo cotidiano, hacen posible procesos de educación.


III.- De las ponencias.-
Las ponencias deberán de presentarse en tres tantos, (dos en CD de formato / información y uno tanto impreso).
La extensión de las ponencias no deberá exceder de diez cuartillas y tendrá un mínimo de tres en formato Word compatible, letra número doce y márgenes regulares de 2.5 cm.
Dada la trascendencia del debate nacional las ponencias deberán guardar el equilibrio argumentativo que contenga la crítica a la A.C. E. por cuanto su impacto negativo a la sociedad en su conjunto, a la negación de la calidad educativa el marco jurídico por lo que refiere la violación al artículo 3º Constitucional, a la Ley Federal del Trabajo y el carácter colectivo y nacional de la relación laboral, la contextualización como parte del paquete de reformas estructurales y como intento de la atomización del SNTE en todo el país y en particular las propuestas alternativas con sus fundamentos, programas, estrategias, fines, metas y periodos de realización que se sugieren.

IV.- De los gastos.- Cada Sección y participante cubrirán sus gastos en las fases o etapas previas y durante el desarrollo del debate, así como los traslados a las fases estatales y nacionales.

V.- De las fases.-
Fase 1. Escuelas y zonas escolares, donde participaran, maestros, padres de familia y estudiantes. Esta fase se realizara en el mes de de Agosto.
Fase 2. Municipal y/o Regional, donde participaran todos los sectores. Esta fase se realizara en la 1ª quincena de Septiembre.
Fase 3. Estatal, Segunda quincena de Septiembre
Fase 4. Nacional, 16 y 17 de Octubre

VI.- De la modalidad de los debates.-
En cada foro se organizarán las mesas de trabajo en el número que convenga de acuerdo con la participación correspondiente. Las mesas funcionarán, bajo la modalidad de talleres, lo que significa una discusión sistemática realizada en equipos y orientada hacia un ejercicio propositivo concreto, precedido por la presentación de los ponentes que contarán con un tiempo aproximado de 20 minutos y ajustándose a una guía de exposición preestablecida.
Los resultados de las mesas se retomarán en las plenarias de los foros con el fin de extender la discusión y el análisis hacia el conjunto de los participantes y arribar a relatorías finales enriquecidas que pasarán a la siguiente fase. Los trabajos y propuesta presentados pasarán a un proceso de sistematización y estructuración en los equipos de trabajo que organizarán las comisiones de los diferentes eventos. Buscando integrar con coherencia los resultados de las ponencias y los foros, a la vez que manteniendo el sentido consensual, los equipos de trabajo organizarán el esquema y los contenidos de lo que será la propuesta general provisional, misma que se convertirá en material de conocimiento y análisis de los participantes e interesados para su discusión definitiva en la fase final.

VII.- De las actividades a realizar.- Los contingentes participantes en el Debate Nacional organizaran las marchas, mítines, plantones, festivales artísticos-culturales, foros, mesas redondas, conferencias, encuentros, tianguis pedagógicos, verbenas populares, videoconferencias, video debates y en general todos los actos públicos que contribuyan a la difusión de las iniciativas, así como al debate, la construcción y sistematización de propuestas rumbo a la construcción de la Alternativa Nacional de Educación y Cultura.

VIII.- De la publicación y uso de los resultados.- Las grandes conclusiones y acuerdos consensuados en esta extensa movilización y dialogo popular serán llevados adelante en varias dimensiones: a) Como movilización magisterial popular para impedir mas agresiones al sistema educativo nacional; b) Como construcción de políticas publicas a promover de inmediato, como nueva ley Federal de Educación y su derivación en leyes Estatales, como ensayos preliminares de un gran ejercicio constituyente popular, y; c) Como compromisos concretos de los participante en el debate hacia el Plan Nacional Alternativo de Educación y Cultura.

IX.- Transitorios.- Los casos no previstos en la presente, serán resueltos por la Comisión Organizadora.

Pon. Sergio Espinal G.

DEBATE NACIONAL CONTRA LA ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y POR UN PLAN NACIONAL ALTERNATIVO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Profesor: Sergio Espinal Garcia
16-Agosto-08


La llamada “Alianza por la calidad de la educación” y el conjunto de medidas debe verse como la salida estructural, ideológica y cultural a la que acuden los neoliberales para asegurar el sostenimiento y proyección de este régimen de explotación, opresión y exclusión. El transcurso de más de tres décadas de reestructuración capitalista, de conversión de la educación en un servicio-mercancía y de impulso del proyecto de escuela empresa se encaminan a destruir el sentido de la unidad e identidad nacional forjados a los largo del desarrollo de nuestras culturas originarias, de las luchas contra la dominación española, por la soberanía popular y la independencia y en la rebelión contra la dictadura de los hacendados porfiristas, maderistas y carrancistas.

El capital, envuelto en sus crisis recurrentes, asume como salida la plena desregulación normativa y la completa flexibilización de relaciones de producción, de propiedad, de usufructo y de identidad. De ahí que a la escuela se le encomiende desmontar el sentido de soberanía política, territorial, cultural, alimentaria, y la proyección de ciudadanía con su conjunto de facultades políticas, derechos sociales y humanos.

A mediados de la década de los 70’s arranca el plan general de reestructuración del Sistema Educativo Nacional, se suprime el Plan de 11 años, se impone el Bachillerato Pedagógico; la descentralización del sistema educativo, la desarticulación de la Normal Superior, la creación de los dobles turnos y dobles plazas y la imposición del Esquema de Educación Básica y las plazas por Jornada de ½ Tiempo; ¾ de Tiempo y Tiempo Completo, el cual fue la base para la aplicación de la Carrera Magisterial. Incluye también y sobre todo el golpea a la docencia, con un cambio del perfil docente normalista al Licenciado de Educación Básica, La UPN, creada en agosto de 1978 recibe esa encomienda con la Primer Licenciatura ofrecida en el Plan 79.

En la lógica de reducir el presupuesto educativo y de liberar al Estado de su responsabilidad de brindar educación pública gratuita, López Portillo y luego Miguel de la Madrid con su llamada “Revolución Educativa” asestan un duro golpe a la educación normalista, modifican severamente los criterios de contratación docente, convirtiendo al grueso del magisterio que contaba con una plaza en subcontratados, requiriendo otro empleo para completar su contratación y su ingreso.

Con el anticonstitucional Acuerdo Nacional para la Modernización de la educación Básica, de 1992, el gobierno de Carlos Salinas avanza en la desarticulación del Sistema educativo nacional con su llamado Federalismo o descentralización educativa; reformula la currícula parcializando aun más las disciplinas del conocimiento y poniendo el acento más en la instrucción que en la formación integral; en lo laboral compacta claves y plazas, modifica las condiciones generales de trabajo e impone un nuevo sistema de aplicación de salarios confirmando los topes salariales e imponiendo la Carrera Magisterial.

El saldo a más de 20 años de reestructuración neoliberal del sistema educativo es desastroso: a) una profunda crisis educativa generada desde el propio gobierno; b) un avanzado proceso de desarticulación del sistema educativo que adelgaza las responsabilidades, funciones y subsecretarias de la SEP, que sienta las bases para la municipalización y la escuela “empresa”; c) el desmantelamiento de la relación laboral colectiva, la contratación de confianza e individual, la completa modificación de las Condiciones Generales de Trabajo; d) la desaparición de subsistemas y servicios educativos; e) la sujeción de la educación a las necesidades del “mercado”, del TLC, a los mandatos de las Transnacionales, de los organismos financieros internacionales; f) la intromisión privada en los procesos de evaluación educativa; g) una pérdida de alrededor del 75% del poder de compra y una completa precarización de los salarios, con cientos de miles de docentes de educación básica anclados en las categorías –A, A y B de Carrera Magisterial; h) una plena subordinación del SNTE a los lineamientos neoliberales como “Sindicato Blanco” o de “casa” como le llaman en Japón.

Con el pretexto de presentar a la educación como un servicio, una mercancía más, sujeta a las leyes del mercado, a la oferta, la demanda y la competencia, se reorientan todas las Instituciones de Educación Superior. La educación pública nacional no es más, un asunto de unidad nacional, de identidad y soberanía, de proyección del desarrollo económico productivo social y humano del país, eso para los neoliberales quedó atrás.


El pasado 15 de mayo, Calderón y Elba Esther Gordillo impusieron la llamada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Un paso más en la desarticulación del sistema educativo, en la destrucción del carácter gratuito, integral, laico, científico y humanístico de la educación pública y en la cancelación de la relación laboral colectiva, por tanto, viola los artículos 3º y 123º constitucionales al negar el derecho a la educación publica y anular el derecho laboral con la llamada flexibilización laboral.

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 es la culminación de la Reforma Educativa iniciada desde los 80, que abre paso a la inversión privada en el campo de la educación (escuelas privadas, negocio de exámenes, plazas docentes a normales particulares, etc.) y está centrada en la adopción de un modelo educativo basado en competencias que corresponde a la necesidad del mercado laboral. Pretende la formación de una sociedad globalizada. Una cultura del consumo y la sumisión.

El Programa de fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento escolar establecido en la ACE, se refieren a generalizar la “educación en línea”, (aulas de medios, enciclomedia, edusat, redes escolares, e-méxico). Como educación virtual o adiestramiento, para una sociedad de espectadores, inerme y consumista. Esta política de equipamiento con la llamada “conectividad” busca suprimir la función docente, la educación presencial, dialógica, comunicativa, humanizada, deja el proceso subordinado a la computadora, el videoproyector y al pizarrón interactivo.

En cuanto a la llamada “Gestión y participación Social” pretende consumar la función de los Consejos de Participación Social (CPS) como verdaderos patronatos educativos. El CPS deberá tomar parte en financiar el mantenimiento y equipamiento, lo que anula el carácter gratuito y refrenda las cuotas escolares. El CPS definirá las necesidades educativas a atender, los contenidos a incorporar a las competencias mínimas planteadas en el Plan Sectorial de Educación y evaluadas por la prueba ENLACE, como condición para asignar los “bonos educativos” y recursos presupuestales a estados y municipios. Además se le encarga a los CPS la fiscalización y aval para la contratación de la plantilla de personal.

El CPS será el instrumento para llevar adelante la vigilancia permanente del docente (Cámaras y policías), so-pretexto del crecimiento de las adicciones y la venta de estupefacientes dentro y fuera de las escuelas; se encarga también al CPS impulsar la “escuela de tiempo completo” con lo que se busca fusionar grupos, cerrar turnos y cancelar dobles plazas; así mismo, será el CPS, quien verifique la labor del docente en tiempos extras para ganar puntos en el aspecto de Desempeño Profesional de Carrera Magisterial, en las llamadas escuelas de horario discontinuo, fuera del horario de clase y en fines de semana, lo que viola el precepto Constitucional de pago al doble o triple las horas extras.


Mediante la ACE se proyecta cancelar la generación de nuevas plazas y congelar todas aquellas que se generen por diferentes incidencias y en su lugar aplicar los exámenes nacionales para nuevo ingreso al servicio docente a los que se sujetarán las plazas de nueva creación. Igualmente el Examen para el Otorgamiento de Plazas Docentes en Servicio, es un nuevo disfraz al extendido modelo de subcontratación o de contratación vía servicios eventuales que desde hace por lo menos 16 años, se ha impuesto a muchos trabajadores de la educación mediante contratos de menos de seis meses, que se renuevan cuantas veces las autoridades lo consideran, terminando en muchos casos con la expulsión de los trabajadores a las filas de los profesionistas desempleados. Se busca imponer la política del “primer empleo”, como periodo de prueba para los trabajadores de nuevo ingreso, por ello insisten en “el desempeño como eje de la contratación”, medida que tiene como antecedente el trabajo meritorio (sin pago) de los egresados de las escuelas de educación media superior y superior.

Se insiste en la articulación nacional y mundial de los sistemas de clasificación de los seres humanos bajo la palabra “evaluación”. Se pretende con ello insertar a la población escolar mexicana en los estándares mundiales de desempeño lo que implica insertar el mercado de mano de obra en los circuitos mercantiles en el nivel planetario. Se busca convertir a la competencia entre iguales, maestros y alumnos, en el mecanismo que permita depurar a los indeseables del sistema y premiar a quienes respondan a los requerimientos del mercado mundial. Se pretende que con una “buena evaluación” se mejoran los filtros de adscripción a la docencia y se pueden abatir los rezagos y la baja calidad; está reflexión generada en las mentes de los tecnócratas eficientistas, pasa por alto el conjunto de condiciones contextuales, socio-económico-culturales y políticas, que determinan los magros resultados educaivos.

Con la ACE se busca modificar el perfil profesional, sobre el supuesto de los bajos niveles de rendimiento detectados por el parcial, inflexible y estandarizado ENLACE. Bajo estos supuestos, se somete a todos los docentes a una completa inseguridad laboral al imponer a todos la “certificación de las competencias adquiridas” en dichos cursos. Los profesores cuyos alumnos muestren bajo rendimiento se les dará la oportunidad de tomar cursos específicos, si no certifican no serán recontratados.

En el apartado de los incentivos y estímulos, se reforman los lineamientos de Carrera Magisterial, se suprimen los Factores de Antigüedad en la categoría y la Preparación Profesional, el subfactor de Aprovechamiento Escolar se establece como factor, junto con los cursos de actualización y el desempeño profesional. Este último se redimensiona, para inducir (imponer) el trabajo extra clase sin el respectivo pago de las horas extras. Es la completa imposición de la flexibilidad y polivalencia laboral, con la cual se violan y modifican las Condiciones Generales de Trabajo. Es la completa anulación del papel del sindicato, la supresión definitiva del carácter bilateral de la relación laboral y la total inseguridad laboral.

En cuanto a la reforma curricular prevista en la ACE, se trata de terminar de sepultar ese estrecho derecho social de la población de acceder a algunos tramos fragmentados del conocimiento a través de la escuela, el cual se sustituye por un modelo basado en las llamadas “Competencias Básicas Laborales”, con las cuales se busca adiestrar a los individuos para adecuarse a las nuevas formas toyotistas de producción y alejar aún más al pueblo del conocimiento universal. A la UPN le corresponde una vez más la labor instructiva, para empujar la reestructuración curricular, la difusión de la ideología neoliberal, de sus principios, por eso se abandona el Plan 94 y se impulsa la Licenciatura de Intervención Educativa Plan 2002, como licenciatura a modo de los preceptos de plena flexibilidad laboral, de perfil polivalente (milsusos), “del justo a tiempo”, “de cogestión y autorregulación”. La LIE, es parte del mismo plan de imponer la RIES o RES, de la reforma en el bachillerato a educación primaria y preescolar. Con el pretexto de presentar a la educación como un servicio, una mercancía más, sujeta a las leyes del mercado, a la oferta, la demanda y la competencia, se reorientan todas las Instituciones de Educación Superior. La educación pública nacional no es más, un asunto de unidad nacional, de identidad y soberanía, de proyección del desarrollo económico productivo social y humano del país, eso para los neoliberales quedó atrás.

Todo el sistema educativo que tenía como base curricular la lógica de las disciplinas del conocimiento, va a abandonar tales orientaciones y se va a estructurar en base a la llamada educación en competencias laborales “Toyotistas”. En educación media y media superior significa el abandono de la educación física, artística y tecnológica, así como la compactación del estudio de las ciencias naturales y sociales en una sola materia llamada ciencias, so pretexto de la transdiciplinariedad que en realidad más que favorecer el docente y el alumno politólogos, apunta hacia la formación de “todologos”, empírico-pragmáticos. Lo anterior suprime la especialización y conduce a la formación del docente único de educación secundaria, similar al docente de telesecundaria, que le representa un costo por alumno de casi el 50%, con relación a la secundaria general o técnica.

Según Davini (2001) el perfil del profesorado ha variado de un “buen maestro”, pasando por un “docente técnico” hasta llegar al profesional “hermenéutico-participativo”, conocido como facilitador. Se postula entonces un docente mediador del conocimiento basado en la teoría piagetana.

Con un discurso constructivista basado en Piaget, Vigoysky y Ausubel, la SEP lanzó una ofensiva general contra el derecho de la población de acceder a la cultura universal y a ejercer su derecho a pensar dotado de las herramientas teóricas propias de nuestro tiempo, abandonando la formación docente basada en la lógica (invariantes) de las disciplinas del conocimiento e imponiendo en su lugar la llamada educación en competencias.

Con esto emprendió la completa reestructuración curricular de la educación superior, media superior y básica, planteando la formación docente del profesorado como un organizador de las estrategias de aprendizaje, para un estudiantado “activo” que descubre y elabora conocimientos.

Paulatinamente ha empalmando a la perspectiva constructivista la teoría del procesamiento humano de la información (PHI) de John Anderson. Al adoptar la teoría cognitiva como eje de la formación docente, con lo que se la renuevan los modelos de la tecnología educativa que tecnifican al profesorado y promueve una enseñanza conductista. Así, para Anderson, el aprendizaje es: “El proceso por el cual ocurren cambios duraderos en el potencial conductual como resultado de la experiencia”.

Esta nueva racionalización de la enseñanza semejante a un proceso de manufactura que ordena las estrategias didácticas y el comportamiento de docentes y estudiantes. Es una perspectiva que solo concibe las particularidades del aprendizaje, como recursos a ahorrar, o necesidades a atender con personal flotante, informal, pasando por alto las condiciones psicosociales y políticoeconómicas. Esto convierte al acto educativo en un proceso mecánico, restándole creatividad. Desde esta perspectiva, es factible desde el punto de vista de la SEP, la “tercerización”, por ello insinua la posibilidad de que los docentes graduados en la LIE, se organicen como colegios o empresas prestadoras de servicios, a los que la dependencia educativa puede acudir sin más compromisos que los asentados en los contratos temporales.

Se capacita al docente en el conocimiento operativo que se especializa en cierto número de tareas, no en el conocimiento científico para la reflexión crítica productora de innovación, sino para contar con un menú polivalente para poder ser contratado a diversas labores.

Esa transición llevada por los empresarios a la fábrica, que suple la organización laboral taylorista, que asignaba al trabajador una sola tarea, parcializada, rutinaria y repetitiva, llevada a cabo con cronómetro, tratando al trabajador como apéndice de la maquina y dejando la innovación del proceso en manos de especialistas; pasó con el proceso toyotista a la producción descentralizada en múltiples maquilas dispersas, con esquemas laborales totalmente flexibilizados, con producciones orientadas por el “justo a tiempo”, donde al trabajador se le explota su trabajo operativo e intelectual, su creatividad, sin contrato colectivo, sin prestaciones, sin sindicato y sujeto a los requerimientos del mercado en este caso de las necesidades educativas específicas de cada entidad.

Los capitalistas han entendido que para exprimir en mayor medida al trabajador, es más recomendable que éstos trabajen en círculos de calidad, responsabilizándose de los niveles productivos mediante el autocontrol, la autodisciplina y autorregulación, que tiene como soporte la creencia de que son parte de la empresa; estando dispuesto a pasar de una actividad a otra en la misma jornada, y a laborar las horas en función de las necesidades de la empresa y la demanda del mercado; se trata de una superexplotación cruel, donde un trabajador formal ve violarse y finalmente transformarse su contrato en el esquema toyotista, peor ocurre a los subcontratos o contratos temporales.

La reorganización del trabajo con la llamada flexibilización se basa en la gestión por tensión. Incluye los siguientes aspectos: a) El Justo a Tiempo, como método para eliminar los tiempos muertos e intensificar el trabajo; b) La tercerización (o externalización) de tareas y segmentos enteros de la producción, incluido el trabajo a domicilio y las empresas virtuales formadas por un empresario, un par de empleados y una oficina, y todo el trabajo es subcontratado; c) La flexibilidad de horarios y del tiempo de trabajo, subordinando la vida del trabajador a los tiempos y necesidades de la empresa; d) La flexibilidad salarial, cambiando la estructura salarial, con pagos por rendimiento o a destajo; e) Aumento del control sobre el proceso de trabajo y sobre las tareas, en especial sobre el trabajo calificado. . Los círculos de calidad analizan las metas y distribuyen de manera flexible a los hombres, las tareas y las máquinas. Esto elimina la estabilidad del trabajo; f) El involucramiento del trabajador en la defensa de los intereses de la empresa, generando la competencia y el enfrentamiento entre los trabajadores; g) Busca convertir al sindicato en un apéndice de la gerencia; h) Introduce los programas de motivación/involucramiento; i) flexibiliza el número de trabajadores, el empresario se reserva la plena libertad para la contratación y el despido irrestricto; j) Suprime la jornada de trabajo fija e impone la flexibilización horaria total; k) Establece una numerosa capa de trabajadores temporarios convocados en el momento que la empresa los necesita y expulsados sin ninguna traba.

La medida se impone como “Alianza” entre gobierno y sindicato, por su carácter violatorio de la Constitución y de otras leyes secundarias. La “Alianza” es violatoria de los Art.1º, 2º y 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a la afectación de las garantías otorgadas por la Carta Magna, la negación del carácter pluricultural del país y la violación del carácter público gratuito, científico e integral de la educación en el país. En lo laboral la “Alianza” trasgrede los Artículos Constitucionales 5º y 123, en cuanto al ejercicio de profesión, a la imposición de requisitos y perfiles ajenos a la docencia, a la imposición de trabajos extraordinarios sin retribución, a la negación de derechos escalafonarios, y la anulación de la relación laboral colectiva y bilateral: SEP-SNTE. Por lo anterior la llamada “Alianza” desconoce a fondo los numerales 26, 39, 45, 46, 48, 50 y 51 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; afecta directamente los artículos 3º y 4º y primer párrafo del Art. 159, de la Ley Federal del Trabajo. Igualmente deja insubsistente el Art. 12 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública.

La “Alianza” es ilegal de origen, al haberse firmado por Elba Esther Gordillo Morales, quien violando su propia norma estatutaria, permanece ilegalmente en el cargo de “Presidenta”, luego de haber concluido su periodo de gestión el 18 de marzo de 2008. NADIE PUEDE RECONOCER HOY A ELBA ESTHER GORDILLO MORALES COMO “PRESIDENTA” DEL SNTE. Nadie puede estar por encima del Congreso Nacional, máximo órgano de gobierno sindical establecido en su propio estatuto.
DOS PLANOS DE LA RESPUESTA
LA NECESARIA RESPUESTA INTEGRAL
La crisis de la cultura, la economía y la política neoliberal, tienen como salidas posibles, nuevas guerras, más represión, privatizaciones y saqueo para oxigenar el capitalismo; o bien la construcción social de un nuevo modelo político cultural, es decir el salto de las masas a la palestra política, diciendo su palabra, rompiendo con la lógica capitalista, deteniendo su caminar inerme, indefenso, desamparado, erigiéndose como nueva mayoría política, dispuesta a instaurar su hegemonía y su proyecto.. Vislumbrando juntos desde sus colectivos nuevas rutas, el camino de la economía solidaria y popular, donde el trabajo se resignifica en el llamado de todos a producir, por un deber social, por la construcción de una riqueza social que debe convertirse en bien común, en propiedad de todos. El camino del poder popular, que desde la organización comunitaria visualiza las dimensiones concretas de los cambios necesarios, con sus micropoderes, sus multiproblemas, con los enredados y a veces ininteligibles controles ideológicos, que nos atan al carro capitalista.
La verdad, la libertad, la justicia o la democracia no nos será dada por nadie, corresponde a los trabajadores construir las bases materiales y éticas, que posibiliten la maduración, construcción e implantación del proyecto político-cultural de todo el pueblo, de los trabajadores. Apremia redimensionar nuestros esfuerzos, asumir que nuestras acciones en nuestros ámbitos diarios de acción, forman parte del esfuerzo de todos por sepultar al capital y a sus personeros, por estructurar desde todos los frentes, desde todas las resistencias, desde todos los proyectos, los soportes de las crecientes fuerzas populares y su proyecto transformador.
En nuestro país perviven dos mundos radicalmente distintos, uno cada vez más desarrollado, centralizador del poder económico, y otro sustantivamente marginado y con severos problemas de degradación ambiental. En diversas regiones indígenas del país, se vive una realidad de tragedia, una extrema inseguridad alimentaria y una creciente degradación ambiental, en función de muy frágiles economías locales y familiares, limitaciones materiales y organizacionales; debilitadas formas de gobierno comunal. Encaminarnos a una perspectiva de bienestar comunal. El nicho natural de recuperación-reconstrucción del desarrollo milenario de nuestros pueblos radica en toda la población del estado y del país. Frente a la devastación y la crisis neoliberales, resignificar nuestro desarrollo histórico-cultural es vital.
Necesitamos construir un nuevo circuito de desarrollo humano que articule soberanía social armonizada con el entorno territorial-ecológico, crecimiento material responsable-sustentable, desarrollo social para la felicidad, dignidad y esperanza para la longevidad, restitución de las facultades políticas para un nuevo protagonismo social, libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades; garantía de la tenencia, uso y usufructo comunal de los recursos naturales; encuentro-diálogo entre culturas, identidades y saberes, para refundar la cultura, la civilización, la ciencia, la tecnología y las artes. Todo ello es factible desde esa cierta reserva cultural, la utopía tiene en los pueblos y comunidades indígenas sus exponente vivos, que como gigantes alternativas se alzan a los graves problemas en que se debate la humanidad por la vorágine capitalista, podemos dejar de ser vistos como reliquias para turistas.
Las técnicas tradicionales de producción agropecuaria y la defensa indígena de los bosques frente a los talamontes pueden ser parte de una estrategia general contra la crisis climática y ecológica; las técnicas rudimentarias de las artesanías y tecnologías autóctonas, pueden ser punto de partida para un desarrollo industrial sustentable; la faena y el tequio, son puntos de partida para resignificar el trabajo como valor social; la cultura gastronómica es un buen punto de partida para abatir las pandemias motivadas por la comida chatarra; la lengua, la mística y las artes comunitarias, nos convocan a su preservación no por repetición sino por emulación. Un Programa Emergente de Desarrollo Cultural desde nuestras reserva histórico-cultural, como eje transversal de todo el programa de gobierno, es plenamente viable.
Apremia convocarnos a una nueva Convención Nacional desde donde pasemos a plantear la necesaria lucha por un gobierno democrático popular, un nuevo proyecto de nación y una nueva constituyente. Apremia un debate nacional hacia la construcción consensuada de u Plan Nacional Alternativo de Educación y Cultura, en el cual la nueva cultura pedagógica y laboral se enlacen en una misma perspectiva posibilitando las motivaciones adecuadas para el conjunto de actores del proceso educativo.

En lo inmediato requerimos una acción generalizada de resistencia social para cerrarle el paso a la ACE, para levantar nuestra palabra públca, para hacer valer nuestro derecho a la comunicación, para restituir a la escuela ese perfil de ser constructora de futuro, centro de debate de las ideas, promotora de la organización comunitaria y espacio de permanente investigación y construcción de nuevos saberes y desarrollos culturales.

Necesitamos un gran consenso para construir la HUELGA NACIONAL, como la expresión política multisectorial, desde donde la protesta cobra diversas formas y dimensiones, desde las condiciones concretas de sus actores y desde las diversas perspectivas políticas y generacionales.


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEMOCRATICO CEND-SNTE

Pon. Hugo Aboites


LA ALIANZA POR LA EVALUACIÓN.




Hugo Aboites
[1]



Panel “La Alianza por la Calidad de la Educación”
Casa Lamm, México, D.F. 15 agosto 2008.



Una vez más esta semana se repitieron las escenas que se han vuelto familiares en esta época del año. Ochenta y seis mil aspirantes, pero sólo 8 mil admitidos. Esta vez, sin embargo, no se trata de una porción de los más de 300 mil jóvenes de 14 o 15 años que desean ingresar a una preparatoria y que en su mayoría vienen excluidos o desplazados por el examen único del Ceneval en la Zona Metropolitana. Tampoco son algunos de los cientos de miles de jóvenes que en todo el país intentan ingresar a un bachillerato y se enfrentan con el Examen Nacional de Ingreso a la educación media superior o con el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior del mismo Ceneval y que son rechazados también por cientos de miles. Y ciertamente no se trata de los once millones de niños de sexto de primaria y tercero de secundaria que al son de más del 80 por ciento vienen calificados como de nivel elemental o regular en la prueba ENLACE o en los exámenes de PISA.

Ahora los excluidos son los maestros. Si en los últimos diez años los exámenes estandarizados han sujeto a escrutinio a más de 50 millones de niños y jóvenes a partir de ahora también los maestros comenzarán a formar parte de estos números.

En realidad, desde el comienzo de los noventa maestros y escuelas fueron el objetivo central de la supervisión a través de los exámenes que se hacían a los estudiantes. Con el inicio del examen único en 1996 ya se anunciaba que este permitiría diferenciar entre escuelas y, obviamente, entre los propios maestros. La medición de ENLACE permitió hacer juicios sumarios sobre la eficacia de los maestros de nivel básico, con nombre y apellido. Hoy, sin embargo, es la primera vez que algo tan importante como el ingreso o la permanencia en el trabajo se decide con la aplicación de un examen de opción múltiple directamente a los profesores

Este verdadero parteaguas merece ser analizado y, retomando el pasado de evaluaciones en la educación, aquí se ofrecen cuatro elementos que pueden contribuir a la discusión de sus implicaciones como parte de la llamada Alianza por la Calidad de la Educación.

Las lecciones de la experiencia

1. El surgimiento de la evaluación moderna (que incluye a la medición pero no se reduce a esta), generalmente ha sido resultado de acuerdos entre gobiernos y empresarios. En 1992 se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que favorece a los sectores empresariales más modernos de México y Estados Unidos (y que incluye a la educación), y en ese mismo año se crea la evaluación de los maestros como parte de la Carrera Magisterial. Cuando México ingresa a la OCDE –que es uno de los organismos encargados de impulsar el funcionamiento de la economía mundial- esta recomienda encarecidamente la utilización de los exámenes del Ceneval. Más tarde, en el año 2001 cuando el presidente Fox firma el Compromiso por la Calidad de la Educación con el sector empresarial, en ese mismo momento anuncia la creación del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) y poco más tarde arranca la evaluación de colectivos de maestros llamado Programa de Escuelas de Calidad. Con todo esto, empresarios y evaluación comienzan a convertirse en un binomio que aparece reiteradamente en las inicativas de calidad. Por eso no es de extrañar que ahora la Alianza por la Calidad de la Educación incluya un llamado a los empresarios como “actor indispensable… para avanzar en la construcción de una Política de Estado” en la educación (Alianza por la Calidad de la Educación, 2008:1), y que además establezca este Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes. Cada nueva evaluación o medición, sin embargo, ha venido a quitar un pedazo del territorio de independencia y trabajo colectivo de los maestros y, en su lugar ha contribuido a fortalecer el poder empresarial en la educación. Así, con este examen el Estado intenta retirarse de su responsabilidad como educador. Una responsabilidad que estaba anclada en el compromiso de formar maestros y darles cabida en las escuelas. Si el Estado no asume ya la responsabilidad de educar a todos y en todos los niveles, tampoco requiere de un número creciente de maestros.

2. Al dar por terminado el compromiso de formación y trabajo que con los maestros había pactado el Estado para educar al país, en su lugar se establece un acuerdo con los sectores empresariales. Este pacto conviene al Estado porque a diferencia de los maestros, los empresarios buscan reducir el gasto educativo y convertir a la educación en un instrumento eficaz para capacitar a los niños y jóvenes en habilidades y competencias. La construcción de un enorme aparato de evaluación ha venido siendo una de las formas más eficaces para conseguir este objetivo, pues con la medición se desbarata el derecho a la educación para todos (y ahora también el derecho al trabajo docente) y a través de un concurso o un examen este derecho se convierte en una mera “oportunidad” abierta sólo a los mejores. El crecimiento de la medición se ha vuelto pues, un indicador del peso tan enorme y decisivo que están logrado que los sectores empresariales internacionales y nacionales en la conducción de la educación mexicana. Con la evaluación y medición se imponen las concepciones fabriles sobre cómo lograr escuelas de calidad, cómo estimular a los maestros, cómo valorar la formación de los niños y jóvenes. Y se impone también la tesis implícita de que la mejoría de la educación requiere una estricta supervisión y subordinación de los maestros y estudiantes –que es lo que produce la medición- y su fragmentación como actores sociales. Ya no son las teorías sobre la interacción de responsabilidades entre escuela y comunidad, sobre la identidad de clase de estudiantes y maestros, sobre la participación y la democracia como elementos claves del proceso educativo, las que guían las políticas de mejoramiento de la educación, sino las crudas recetas empresariales sobre el uso y explotación del capital humano fincadas en los valores exacerbados de la competencia y el individualismo. Individuos ganadores de premios y estímulos, mejores que los demás, es el perfil ideal de los maestros y estudiantes. Y para el resto, la medición que sirve para ahogar las tendencias colectivas y para convertirlos en una masa amorfa amenazada por la evaluación constante y bajo la espada de una estricta supervisión. Un importante problema, sin embargo, es que con esta idea de conseguir maestros bien alineados, uniformados y capaces de seguir órdenes al instante y sin chistar se desvanece la identidad, colectiva, del maestro. Por esta razón, creo, mientras más evaluacion, más se deteriora la educación mexicana, pues con ella se desvanece uno de sus protagonistas fundamentales, los maestros.

3. Por otro lado, lo que viene a ser el examen único Nacional de Conocimiento y Habilidades Docentes es un test que recupera prácticamente todos los defectos de la historia moderna de la medición en México. Es un examen de apenas unas cuantas docenas de reactivos o preguntas de opción múltiple, que deben resolverse en tres horas, un examen estandarizado, y diseñado y elaborado con estricto apego a las teorías y procedimientos usados por el Ceneval. Es decir, es el tipo de exámenes diseñados ex profeso para hacer aparecer que sólo una pequeña porción es lo suficientemente capaz como para lograr una plaza. Para esto no importa tanto el valor académico de las preguntas sino su capacidad para, en conjunto, convertirse en una trivia que produce el resultado de sólo unos cuantos miles como capaces y el resto, cerca del 84 por ciento aparece como menos capacitado (incluyendo a quienes están por debajo de la media y a quienes obtienen calificaciones apenas superiores a la media). Es además, el mismo tipo de examen que desde 1994 se comenzó a utilizar en México y que se ha demostrado sesgado en contra de las mujeres, de los maestros de origen popular y más aún en contra de aquellos de origen indígena.

De ahí que el uso de este tipo de exámenes para admitir maestros es especialmente cuestionable. Porque el perfil de los egresados de las normales públicas rurales y urbanas está constituido en una proporción importante precisamente por mujeres, jóvenes de origen popular y, también, indígena. Paulatinamente comenzará a cambiar el perfil del magisterio mexicano a favor de otros grupos sociales de nivel más alto. Poco a poco los maestros entrarán en desfase con un sistema educativo que atiende mayoritariamente a los hijos de clases populares. La educación pública tal vez se volverá menos tosca, pero alejada de su horizonte cultural y vocación popular verá como extraños y deficitarios, como alumnos insalvables, precisamente a la mayoría y a quienes más necesidad tienen de educación.
En el caso de este examen para los maestros se agrava lo que ocurre con otros exámenes: que se intenta convencer que con apenas un examen de tres horas de duración y algunas decenas de reactivos de poco valor académico es posible detectar a quienes pueden ser los mejores maestros. Responder correctamente a preguntas que intentan medir si los aspirantes conocen la bibliografía recomendada ni remotamente garantiza el compromiso, dedicación, visión amplia, capacidad de diagnóstico y de generación de estrategias pedagógicas creativas que caracterizan a un buen docente.
También es sumamente cuestionable que se trate de un examen único para todo el país, que no tiene en cuenta las diferencias regionales. Igual se aplica a los aspirantes en Chiapas que en Chihuahua, para conseguir una plaza en la escuela de una pequeña comunidad indígena veracruzana o en una bien provista escuela en la Colonia del Valle del D.F. Un examen único para un país enormemente diverso.

A este examen se le conoce también como concurso nacional público de oposición pero en las universidades mexicanas se caerían de risa si se les dijera que se trata de un examen de opción múltiple. Desde hace décadas los concursos de oposición se aplican en las universidades y ciertamente no se reducen a un solo examen de opción múltiple. Normalmente consisten en una evaluación del currículo del aspirante, incluyendo el análisis de su trayectoria escolar, experiencia laboral, producción académica previa y la revisión de trabajos escritos que se le solicitan al aspirante especialmente para el concurso. Todo esto es luego objeto de una discusión que un panel de evaluadores lleva a cabo simultáneamente con todos los aspirantes a una plaza determinada, en un espacio abierto al público. Aún esta evaluación, por cierto, no es inmune a los favoritismos y a la creación de camarillas o grupos cerrados en detrimento de la calidad. Tampoco tenemos estudios sólidos y sistemáticos que muestren que es un factor decisivo en la mejoría de la educación superior.

Lo que sí es cierto es que el examen de oposición es una figura cuya popularidad apareció en Estados Unidos al comienzo del siglo pasado cuando los grandes barones del acero, de la industria y de los ferrocarriles pactaron con el gobierno la necesidad de acabar con la práctica que existía en las universidades que hacía que en lugar de concursos abiertos se seleccionara como profesores a los mejores de sus propios egresados, cuya capacidad y profesionalismo había sido constatado durante años de su formación. Algo similar, por cierto, al esquema que hasta ahora vincula a estrechamente a los egresados de las normales con un puesto en una de las escuelas de la región. Para los barones del dinero, sin embargo, este mecanismo tenía la desventaja de que las plazas de maestros no se incorporaban a un mercado nacional y, lo más grave, que con este tipo de maestros las instituciones podían desarrollar una identidad propia que las hacía prácticamente impermeables a las políticas educativas que estaban generando los círculos empresariales de esa nación. Como lo percibían bien los señores del capital, los contratados bajo el procedimiento de examen de oposición no tenían una fuerte lealtad institucional y podían además, mudarse fácilmente de institución.

Pero no sólo se trata de la autonomía, en el caso de la educación mexicana, el llamado “concurso nacional público de oposición” viene a plantear el rompimiento definitivo del vínculo entre las instituciones de formación del magisterio y las escuelas de una zona o región. Adiós a las profundas lealtades que el magisterio tenía con su trabajo que tan importantes han sido para sostener a la educación aún en tiempos de salarios miserables y condiciones inauditas de trabajo. Esta decisión es también, una marcha en dirección contraria a la historia. Mientras que por una parte el grueso de los cambios en la educación mundial enfatizan la necesidad de que la escuela se vincule estrechamente e interactúe con las necesidades y procesos organizacionales regionales y comunitarios, acá se abre la puerta a la llegada de maestros que no tienen arraigo en la región y cuyo único mérito es haber calificado alto en un examen trivial que no evalúa la capacidad de compromiso del maestro. Para la decisión más delicada del proceso educativo –quién debe estar frente al grupo - se toma ahora como razón única, el criterio del mercado laboral materializado en un examen insuficiente.

4. Finalmente, hay que decir que con la Alianza y con este examen, una vez más se nos presenta con claridad el profundo choque entre dos grandes propuestas respecto de la educación y su mejoría. Por un lado el gran caudal de experiencias enormemente diversas, creativas y colectivas que maestros y escuelas han podido generar a lo largo de la historia de la educación en México y a lo largo y ancho del país. Desde las comunidades zapatistas chiapanecas hasta el tequio educativo en Oaxaca y los proyectos colectivos en Michoacán y en otros muchos otros estados. Estos recuperan la tradición de compromiso con las mayorías de la población, de interacción con las comunidades y con el marco nacional. Por otro lado, la propuesta de capacitación para el trabajo y capital humano que hace empresarios y un gobierno privatizador dispuesto a entregar el petróleo y también la educación a las fuerzas del mercado. En el fondo creo que debemos llevar la pregunta al pueblo mexicano de en quién habremos de confiar más si en las dinámicas de mejoría que –a pesar de sus defectos y carencias, puedan generar los maestros y las normales y los esfuerzos colectivos y populares de los maestros o, más bien, en la visión y las recetas que ofrecen los barones del dinero en México, ahora sospechosamente tan interesados en la educación.

En un reciente desplegado, estos nuevos conductores de la educación expresaban su regocijo por la Alianza porque coincidía precisamente con lo que querian:“nos congratulamos –decían- por la suscripción de esta Alianza y expresamos nuestro beneplácito a la SEP y al SNTE” . “Estimamos especialmente positivo… el acuerdo de sujetar a concurso público las vacantes… y también el de vincular la remuneración y los beneficios de los maestros al desempeño académico de sus alumnos.” Y firman, entre otros, Alfredo Harp Heliú, ex presidente del Banco Nacional de México, María Asunción Aramburuzavala, dueña de la Cervecería Modelo, con un valor de más de mil millones de dólares y esposa del embajador de Estados Unidos en México. Firman también representantes de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), Educación Financiera Banamex, Coparmex, Fundación Televisa, Tec de Monterrey, Fundación Azteca, así como miembros de la Universidad Panamericana, de la Concamin, del Consejo Coordinador Empresarial, Universidad Anáhuac, y Bimbo.(El Universal, 27 de mayo 2008, pág. A5). En realidad detrás de la Alianza no sólo están los intereses corporativos y de la derecha, está de fondo el redoblado interés del capital por incluir en la dinámica mercantil y controlar aún los espacios que la revolución y las luchas populares habían vuelto relativamente independientes del mercado. Para ellos, la educación es un enorme territorio que ahora están dispuestos a ocupar, plaza por plaza, escuela por escuela a través de ahora una todavía mayor expansión del aparato de evaluación y medición.

De la lucha de los maestros, de su capacidad de abrir cada vez más espacios democráticos capaces de convocar a muchos otros maestros y a sectores populares a luchar en contra de una evaluación subordinante, depende en gran medida cuál será la orientación que finalmente tome la educación mexicana. La de los maestros o la de los señores del poder.


[1] Doctor en educación. Profesor/investigador del Dpto. de Educación y Comunicación de la UAM-X.

Consideraciones Generales

EL pasado 15 de mayo, Calderón y Elba Esther Gordillo impusieron la llamada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Un paso más en la desarticulación del sistema educativo, en la destrucción del carácter gratuito, integral, laico, científico y humanístico de la educación pública y en la cancelación de la relación laboral colectiva, por tanto, viola los artículos 3º y 123º constitucionales al negar el derecho a la educación publica y anular el derecho laboral con la llamada flexibilización laboral.

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 es la culminación de la Reforma Educativa iniciada desde los 80, que abre paso a la inversión privada en el campo de la educación (escuelas privadas, negocio de exámenes, plazas docentes a normales particulares, etc.) y está centrada en la adopción de un modelo educativo basado en competencias que corresponde a la necesidad del mercado laboral. Pretende la formación de una sociedad globalizada. Una cultura del consumo y la sumisión.

El Programa de fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento escolar establecido en la ACE, se refieren a generalizar la “educación en línea”, (aulas de medios, enciclomedia, edusat, redes escolares, e-méxico). Como educación virtual o adiestramiento, para una sociedad de espectadores, inerme y consumista. Esta política de equipamiento con la llamada “conectividad” busca suprimir la función docente, la educación presencial, dialógica, comunicativa, humanizada, deja el proceso subordinado a la computadora, el videoproyector y al pizarrón interactivo.

En cuanto a la llamada “Gestión y participación Social” pretende consumar la función de los Consejos de Participación Social (CPS) como verdaderos patronatos educativos. El CPS deberá tomar parte en financiar el mantenimiento y equipamiento, lo que anula el carácter gratuito y refrenda las cuotas escolares. El CPS definirá las necesidades educativas a atender, los contenidos a incorporar a las competencias mínimas planteadas en el Plan Sectorial de Educación y evaluadas por la prueba ENLACE, como condición para asignar los “bonos educativos” y recursos presupuestales a estados y municipios. Además se le encarga a los CPS la fiscalización y aval para la contratación de la plantilla de personal.

El CPS será el instrumento para llevar adelante la vigilancia permanente del docente (Cámaras y policías), so-pretexto del crecimiento de las adicciones y la venta de estupefacientes dentro y fuera de las escuelas; se encarga también al CPS impulsar la “escuela de tiempo completo” con lo que se busca fusionar grupos, cerrar turnos y cancelar dobles plazas; así mismo, será el CPS, quien verifique la labor del docente en tiempos extras para ganar puntos en el aspecto de Desempeño Profesional de Carrera Magisterial, en las llamadas escuelas de horario discontinuo, fuera del horario de clase y en fines de semana, lo que viola el precepto Constitucional de pago al doble o triple las horas extras.


Mediante la ACE se proyecta cancelar la generación de nuevas plazas y congelar todas aquellas que se generen por diferentes incidencias y en su lugar aplicar los exámenes nacionales para nuevo ingreso al servicio docente a los que se sujetarán las plazas de nueva creación. Igualmente el Examen para el Otorgamiento de Plazas Docentes en Servicio, es un nuevo disfraz al extendido modelo de subcontratación o de contratación vía servicios eventuales que desde hace por lo menos 16 años, se ha impuesto a muchos trabajadores de la educación mediante contratos de menos de seis meses, que se renuevan cuantas veces las autoridades lo consideran, terminando en muchos casos con la expulsión de los trabajadores a las filas de los profesionistas desempleados. Se busca imponer la política del “primer empleo”, como periodo de prueba para los trabajadores de nuevo ingreso, por ello insisten en “el desempeño como eje de la contratación”, medida que tiene como antecedente el trabajo meritorio (sin pago) de los egresados de las escuelas de educación media superior y superior.

Se insiste en la articulación nacional y mundial de los sistemas de clasificación de los seres humanos bajo la palabra “evaluación”. Se pretende con ello insertar a la población escolar mexicana en los estándares mundiales de desempeño lo que implica insertar el mercado de mano de obra en los circuitos mercantiles en el nivel planetario. Se busca convertir a la competencia entre iguales, maestros y alumnos, en el mecanismo que permita depurar a los indeseables del sistema y premiar a quienes respondan a los requerimientos del mercado mundial.

Con la ACE se busca modificar el perfil profesional, sobre el supuesto de los bajos niveles de rendimiento detectados por el parcial, inflexible y estandarizado ENLACE. Bajo estos supuestos, se somete a todos los docentes a una completa inseguridad laboral al imponer a todos la “certificación de las competencias adquiridas” en dichos cursos. Los profesores cuyos alumnos muestren bajo rendimiento se les dará la oportunidad de tomar cursos específicos, si no certifican no serán recontratados.

En el apartado de los incentivos y estímulos, se reforman los lineamientos de Carrera Magisterial, se suprimen los Factores de Antigüedad en la categoría y la Preparación Profesional, el subfactor de Aprovechamiento Escolar se establece como factor, junto con los cursos de actualización y el desempeño profesional. Este último se redimensiona, para inducir (imponer) el trabajo extra clase sin el respectivo pago de las horas extras. Es la completa imposición de la flexibilidad y polivalencia laboral, con la cual se violan y modifican las Condiciones Generales de Trabajo. Es la completa anulación del papel del sindicato, la supresión definitiva del carácter bilateral de la relación laboral y la total inseguridad laboral.

Hoy nuestra lucha, como todas las anteriores que hemos librado en cada momento de resistencia de nuestro pueblo por lograr la emancipación, presenta grandes desafíos superables con el ejercicio del poder del pueblo capaz de instituir en el país un Proyecto de Nación Democrático Popular y por tanto un Plan Nacional Alternativo de Educación y Cultura.

Hacer valer el Artículo Tercero constitucional que garantice la educación pública, laica gratuita y obligatoria, como un factor de justicia y equidad, fundamento de una vida digna, desarrollo integral y dignidad para todos los mexicanos, es tarea de todo el pueblo.

Participar en la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y luchar por mantener su carácter nacional y de defensa de los derechos de los trabajadores conquistados históricamente, así como pugnar porque el Estado cumpla con su responsabilidad social de garantizar la educación pública gratuita a todo el pueblo en todos sus niveles y modalidades, desde la inicial hasta la Universidad.
Desde el Movimiento Magisterial Democrático se viene articulando un creativo Movimiento Pedagógico Nacional desde el cual se ha iniciado la construcción del Plan Nacional Alternativo de Educación y Cultura, que realmente sirva para la refundación de la nación y por el inmediato mejoramiento de las condiciones de los trabajadores.

Por lo anterior, y en apego al artículos, 3º, 8º, 9º, 39º, 123º Constitucionales y a los resolutivos del Primer Congreso Nacional de Bases, el Consejo Nacional de Representantes y el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE,